Chile está inmerso en una era de transformación digital que avanza a pasos agigantados. Datos reveladores de un estudio presentado por la cámara del Senado y la fundación País Digital muestran el vertiginoso crecimiento: en 2019, apenas 4 millones de usuarios contaban con Clave Única para acceder a los diversos servicios estatales, mientras que en la actualidad esa cifra ha superado los 13 millones. Este aumento se refleja también en ámbitos como las licencias médicas online, la constitución de empresas en línea y la inversión en proyectos tecnológicos.
Sin embargo, este progreso digital también conlleva nuevos desafíos, especialmente en lo que respecta a la seguridad de la información y la protección contra ataques digitales. En este contexto surge la necesidad de establecer leyes e instituciones que resguarden los sistemas críticos y la información confidencial. En respuesta a esta demanda, en diciembre de 2023 la Cámara de Diputados aprobó y despachó la propuesta de una Ley Marco sobre Ciberseguridad e Infraestructura Crítica de la Información.
Esta ley, parte fundamental de la agenda legislativa en seguridad, tiene como objetivo fortalecer la ciberseguridad del país. Para lograrlo, establece una serie de medidas institucionales, principios y normativas generales para coordinar las acciones de ciberseguridad tanto a nivel estatal como en el sector privado.
Uno de los pilares de esta iniciativa es la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), un organismo público descentralizado con la misión de asesorar al Presidente de la República en materia de ciberseguridad, coordinar las acciones de las instituciones competentes y velar por el cumplimiento de las normativas establecidas.
La ley considera obligaciones para las empresas privadas respecto a los incidentes de ciberseguridad, debiendo informar cuanto antes a la ANCI de cualquier problema serio. También busca crear mejores instancias de coordinación público-privadas para combatir y reducir los efectos de estos incidentes para la ciudadanía.
No obstante, la implementación de esta ley no estará exenta de desafíos. Uno de los mayores retos será la falta de recursos y capacidades entre los operadores de servicios esenciales e infraestructura crítica, muchos de los cuales son entidades privadas. Además, la definición exacta de qué servicios son considerados esenciales y qué infraestructuras son críticas aún no está completamente clara, lo que podría dificultar la aplicación efectiva de las medidas de seguridad requeridas.
En resumen, la Ley Marco sobre Ciberseguridad representa un paso crucial hacia la protección de nuestro futuro digital. Sin embargo, su efectividad y su capacidad para abordar los desafíos planteados dependerán en gran medida de su implementación adecuada y del apoyo continuo por parte del Gobierno y el sector privado. Una vez promulgada, será fundamental monitorear su desarrollo y realizar ajustes según sea necesario para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos en el ciberespacio.
